Subdesarrollo

El triunfo del fascismo en 1939 supuso una involución inmediata, llevando a la universidad española a un periodo de subdesarrollo autárquico con la imposición de una misión oficial al servicio de la consolidación del régimen dictatorial. Los métodos para conseguirlo fueron acordes: Represión, censura, y diferentes técnicas de control ideológico, económico y anticientífico. Sus argumentos eran devolver la unidad católica de la patria y recuperar su pasado imperial. Se trató de una reacción regresiva, inversa al desarrollo, desdesarrollo. Brillantes intelectuales se vieron forzados a exiliarse, callar, actuar en la clandestinidad o buscar fórmulas para engañar a la censura. Y tuvieron que aprender, enseñar e investigar en condiciones hiperprecarias de subdesarrollo.

Esta fase se caracterizó por la represión sistemática para poner la institución al servicio de una ideología totalitaria. La represión no fue solo física; fue intelectual. El primer paso fue suprimir la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), el centro liberal de la ciencia que había presidido Ramón y Cajal, para sustituirla por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuya misión oficial era “imponer […] al orden de la cultura, las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”.

Apenas terminada la guerra, el Opus Dei manifestó su intención de apoderarse de la universidad para “recristianizar” España desde la juventud, pero la falange se hizo con el control. El Estado puso en marcha todos los mecanismos de control: infiltración policial, censura y castellanización obligatoria. Y utilizó un falso patriotismo para reprimir toda actividad crítica, laica o democrática, incluyendo el uso de lenguas regionales.

Todo ello se organizó bajo la figura mitificada del dictador Francisco Franco, “Caudillo de España por la gracia de Dios”, quien no pudo ser más explícito cuando dijo que desde Felipe II (siglo XVI) no había nada que mereciese recordarse. El siglo XIX, que “nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra Historia” trajo “la negación del espíritu español” y “la desaparición de nuestro Imperio”, y el siglo XX no produjo nada positivo hasta la “Cruzada”, considerando especialmente negativo el periodo de la República, que agudizó la “desintegración nacional”.

La salvación de la patria exigía el control rígido de las ideas. Así, la Ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo de 1940 prohibió las divulgación de toda idea diferente a los principios del régimen so pena de “incautación de bienes” y “reclusión”.

La Ley sobre ordenación de la Universidad española (1943), “de estilo netamente fascista” según López Aranguren, alabó “nuestra tradición universitaria” en su fiel servicio a la unidad de la patria y a “los ideales de su destino imperial”. Señaló que la libertad de cátedra, el krausismo, la masonería y la República produjeron “la ruina de la educación. Y declaró que la universidad debía ser “católica” y ofrecer un “fiel servicio a los ideales de la Falange, inspiradores del Estado”, que se reflejaría “en cursos de formación política y de exaltación de los valores hispánicos”. La ley incidía en que la universidad debía amoldarse al cambio sociopolítico, efectivamente sanguinario y totalitario:

“Al recuperar España su substancia histórica con el sacrificio y la sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvadora de la civilización de Occidente, y al proclamar con la victoria el principio de la revolución espiritual, se hace indispensable encarnar esa mutación honda de los espíritus en una transformación del orden universitario que, a la par que anude con la gloriosa tradición hispánica, se adapte a las normas y al estilo de un nuevo Estado”.

El nuevo Estado sería “antítesis del liberalismo y ejecutor implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a España su unidad, su grandeza y su libertad”.

Aún hoy se recuerda la represión que sufrió la Federación Universitaria Escolar (FUE). En 1947, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo impuso penas de cárcel y trabajos forzados a dieciséis estudiantes por una pintada en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid, que ponía “Viva la Universidad Libre”, “Lorca, Machado, Miguel Hernández” y “FUE”.

Maldesarrollo

Bajo el creciente control tecnocrático del Opus Dei, la universidad iría sustituyendo el subdesarrollo autárquico por el maldesarrollo capitalista a partir de 1959. La dictadura continuó con el método de la represión, pero se tornó cada vez menos eficaz frente a los movimientos universitarios.

Desde los años 50, La Brigada Político-Social (BPS) identificó al Frente de Liberación Popular (el Felipe) como organización especialmente peligrosa por su capacidad de atraer estudiantes universitarios, intelectuales, sacerdotes obreros y perfiles técnicos de clase media. El Servicio Universitario del Trabajo (SUT) —que se infiltró en el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU) y puso en contacto el mundo estudiantil con el mundo del trabajo, yendo a barrios, fábricas, minas y al campo para intercambiar conocimientos con los trabajadores y hacer prácticas laborales— también sufrió vigilancia, prohibiciones, depuraciones y detenciones, que lograron desactivarlo a finales de los 60.

En el decenio de 1963 a 1973, la actividad universitaria siguió vigilada y perseguida. El franquismo depuró al estudiantado y profesorado más significados, por ejemplo, expulsando a Tierno Galván, López Aranguren, García Calvo, Montero Díaz y García de Vercher de la Universidad de Madrid en 1965 tras encabezar una manifestación. Los grises demandaban el carné para acceder a las facultades, que estaban infiltradas por la BPS, se reprimió al SEU, no faltaron las torturas y la BPS asesinó al estudiante de Madrid, Enrique Ruano, en 1969.

La ley de 1943 permaneció vigente hasta 1970, cuando la Ley General de Educación (LGE) orientó la universidad definitivamente hacia el emergente mercado capitalista, al tiempo que el Estado mantenía un férreo control. Además, con esta reforma el régimen pretendía desactivar el conflicto estudiantil, algo que no consiguió.

El plan de Estabilización de 1959 y el posterior maldesarrollismo requirieron un cambio en la formación. La universidad subdesarrollada, enfocada en Derecho y Humanidades, no producía los ingenieros, economistas, gestores empresariales y técnicos que demandaba la nueva economía industrial y de servicios. La LGE buscaba profesionalizar la enseñanza, adecuando la oferta a las nuevas condiciones del tejido productivo. Se crearon escuelas y facultades de Económicas y Empresariales, separándose de las antiguas Facultades de Ciencias Políticas y Económicas (o las Escuelas de Comercio), para enfocarse en la Administración y Dirección de Empresas y la Economía Aplicada. El foco pasó de la rigidez de las normas jurídico-contables a la gestión empresarial, el marketing, la organización industrial y la planificación. Su objetivo era favorecer la incorporación de titulados a PYMEs y grandes empresas. Además, la LGE sustituyó la Cátedra por el Departamento con el propósito de lograr una mayor especialización técnica e investigación aplicada. En tercer lugar, la LGE reconoció formalmente la autonomía universitaria, pero reservó al gobierno la aprobación de los estatutos de la junta de gobierno universitaria y el nombramiento de rectores y decanos.

Ni la represión ni las reformas lograron sofocar la libertad de pensamiento crítico. Como argumenta José Luis Villacañas, la revolución pasiva de Franco, basada en una modernización con ausencia de libertad académica y política, perdió el control cultural e intelectual de la universidad, sentando las bases para el colapso ideológico del sistema. Sin intelectualidad orgánica capaz de garantizar la legitimidad del régimen, el franquismo fracasó en la producción de hegemonía. Sin embargo, logró acostumbrar a la población a la pasividad política y a la mentalidad plebiscitaria, lo que, como desarrolla Villacañas, tuvo continuidad en la transición a la democracia, que culminó la revolución pasiva de Franco, poniendo la universidad al servicio de la maximización del beneficio económico y la ideología del consumo.

Tampoco faltó la represión durante la transición, tal y como recuerda la pintada hallada a principios de 2025 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense en protesta por la muerte de los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez por disparos de la policía en las manifestaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria de 1979 de la UCD.

Buendesarrollo

Como ejemplo de buendesarrollo, el Decanato de Ciencias de la Información ha recuperado con un mural la pintada cuarenta y seis años después, con la reivindicación institucional de “memoria, justicia y reparación”. Y en homenaje a los represaliados de la FUE, la universidad actual ha entonado el canto de Raimon, “Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg, jo vinc d’un silenci que no és resignat”.

Por eso, cuando hoy pensamos en la universidad no queda más remedio que repreguntarnos por su misión. ¿Debe necesariamente someterse al mercado o aspirar a fines más elevados y vitales para la sociedad? Y en el medio para conseguirlo: ¿Control político o autonomía y democracia? De cómo respondamos a estás preguntas dependerá que la universidad y la sociedad españolas logren transitar hacia el buendesarrollo.